El Ministerio habilita una plataforma digital para acreditar el intento de acuerdo antes de iniciar un proceso judicial
PIMASC, una herramienta que permite registrar y justificar la participación en un proceso de solución alternativa de controversias (MASC), como la mediación, la conciliación privada y negociación entre profesionales. En cumplimiento con la nueva Ley de Eficiencia, los documentos digitales emitidos por la plataforma
serán válidos para presentarse ante los órganos judiciales, como requisito previo a iniciar un proceso judicial. Podrán utilizarla profesionales como graduados sociales, abogados, procuradores, notarios, registradores, mediadores y economistas.
Los documentos proporcionados por PIMASC podrán ser presentados ante el órgano judicial, tal y como exige Ley de Eficiencia, para poder iniciar el proceso
El Ministerio de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes ha puesto en marcha la plataforma PIMASC, que permitirá registrar y acreditar la participación en un proceso de solución alternativa de controversias.
Esta plataforma, a la que podrán acceder abogados, procuradores, graduados sociales, registradores, notarios, economistas y mediadores, emitirá documentos normalizados, validados y firmados digitalmente, que podrán ser presentados ante el órgano judicial como justificantes de haber intentado una solución extrajudicial, antes de plantear la demanda. Esta primera versión se centra en la mediación, conciliación privada, y negociación entre abogados y el intento de MASC infructuoso.
PIMASC permitirá contar también con información estadística sobre los Medios Adecuados de Solución de Controversias, ayudando a una mejor toma de decisiones y a la evolución continua de estos mecanismos.
La obligatoriedad de intentar una solución extrajudicial promueve una cultura del diálogo y del acuerdo, reduciendo así la carga de trabajo de los tribunales y ofreciendo a los ciudadanos una vía más rápida y eficiente de resolución de conflictos.
La transformación de la Justicia hacia un servicio más ágil y eficiente
La Ley de Eficiencia del Servicio Público de Justicia, cuya implantación culminará en 2025, introduce una profunda transformación estructural del sistema judicial, haciéndolo más ágil, flexible y capaz de responder mejor ante la sobrecarga de trabajo. Además de establecer la obligatoriedad de los MASC, la norma sustituye los más de 3.900 juzgados unipersonales por 431 Tribunales de Instancia, apoyados administrativamente por Oficinas Judiciales.
Este nuevo modelo permitirá ordenar las plazas por secciones especializadas, fomentar la homogeneización de criterios organizativos y jurisdiccionales y aumentar los recursos judiciales allí donde se necesiten, sin depender de la creación de nuevos juzgados. Esto se traduce en un ahorro económico que podrá destinarse a la habilitación de nuevas plazas.
En conjunto, la Ley contribuirá a reducir la litigiosidad, reforzar la especialización y acercar el Servicio Público de Justicia a la ciudadanía mediante las Oficinas de Justicia en el Municipio, donde se podrán realizar gestiones procesales de forma telemática y sin necesidad de desplazamientos.