La Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional (Sección Tercera) ha dictado una relevante resolución que profundiza en los límites de la responsabilidad patrimonial del Estado por el funcionamiento anormal de la Administración de Justicia.
En su sentencia SAN 331/2026 de 6 de febrero de 2026, el tribunal ha estimado parcialmente el recurso interpuesto por la esposa de uno de los principales investigados en la macrocausa penal de Vigo conocida como «Operación Patos». La Audiencia Nacional condena al Ministerio de Justicia a indemnizar a la afectada con 15.750 euros debido a las graves e injustificadas dilaciones sufridas durante la instrucción del caso.
De la adjudicación de basuras en Nigrán (2004) a la absolución en 2023
Los hechos que originaron la causa penal se remontan a octubre de 2004, cuando el Ayuntamiento de Nigrán adjudicó el contrato de recogida de basuras a la empresa CESPA. Sin embargo, la investigación judicial no se inició formalmente hasta una década después, en abril de 2014, por el Juzgado de Instrucción nº 3 de Vigo.
Tras más de nueve años de un tortuoso periplo judicial y un juicio oral que tuvo lugar en mayo de 2023, la Audiencia Provincial de Pontevedra dictó sentencia absolutoria definitiva con todos los pronunciamientos favorables para los acusados en junio de 2023. Casi 19 años de incertidumbre desde los hechos investigados y más de 9 años de instrucción penal.
¿Qué es la «pena de banquillo» y por qué da derecho a indemnización?
La demandante solicitaba en vía judicial una indemnización total de 73.275 euros. Su defensa dividía los daños sufridos en dos bloques principales:
- Daños morales por dilaciones indebidas en el proceso penal.
- Daños morales al honor y la imagen derivados de la brutal repercusión mediática, las filtraciones de la Fiscalía y la Policía, así como de lo que denominó una «inquisitiva» investigación patrimonial retroactiva sobre su familia.
La Audiencia Nacional realiza una distinción clave que resulta de vital importancia para futuros casos de responsabilidad civil del Estado:
- Las decisiones de los jueces no se revisan por esta vía: Si una prórroga de instrucción o una investigación patrimonial es considerada desmedida o perjudicial, se trata de una actuación puramente jurisdiccional. Su vía de reclamación no es el «funcionamiento anormal» sino la declaración de Error Judicial (Art. 293 LOPJ) ante el Tribunal Supremo, la cual cuenta con un estricto plazo de caducidad de tres meses.
- El daño mediático no es responsabilidad del juzgado: La repercusión social en los periódicos está amparada por el derecho a recibir información veraz y, si vulnera el honor, debe combatirse en vía civil mediante la Ley Orgánica 1/1982.
- La paralización del proceso sí es indemnizable: El retraso injustificado de una causa penal constituye una quiebra del derecho constitucional a un proceso sin dilaciones indebidas (Art. 24 CE). Este sufrimiento —la conocida «pena de banquillo»— es un daño moral objetivo que no necesita ser probado, pues el dolor psicológico que provoca tener una causa pendiente durante años resulta ineludible.
«La ‘pena de banquillo’, generada por la duración excesiva e injustificada, provoca un daño que no precisa prueba, causalmente imputable a la Administración de Justicia.»
3,5 años de paralización absoluta esperando un peritaje
Para fijar el importe final de la indemnización, el tribunal descartó gran parte de las demoras alegadas por la defensa al entender que estaban justificadas por la extrema complejidad de la causa (que contaba con 9 acusados, numerosos recursos y testificales) o por meras incidencias procesales normales de competencia.
No obstante, tanto el Ministerio Fiscal como la Abogacía del Estado reconocieron que existió una paralización injustificable de tres años y medio (entre abril de 2015 y septiembre de 2018) en los juzgados de Vigo. El motivo fue la exasperante lentitud en la emisión y traslado a las partes de un informe pericial.
Por este periodo concreto de inactividad, la Audiencia Nacional ha fallado a favor de la demandante con un importe actualizado de 15.750 euros. Asimismo, la Sala desestimó la pretensión de elevar la cuantía en la demanda judicial (de los 44.275 € solicitados en vía administrativa a los 73.275 € finales), declarándolo una desviación procesal inadmisible.
📌 La Conclusión del Tribunal (¿Qué determinó la Audiencia Nacional?)
La Sala llegó a dos conclusiones jurídicas fundamentales para resolver el conflicto:
- La parálisis de 3,5 años fue real y desproporcionada (Anormal Funcionamiento): El tribunal concluyó que, si bien una instrucción penal con 9 imputados es compleja, existió un periodo de paralización absoluta de 3 años y medio (entre abril de 2015 y septiembre de 2018) debido exclusivamente a la demora de la propia Administración de Justicia en emitir y entregar un informe pericial. Esto constituye una vulneración flagrante del derecho constitucional a un proceso sin dilaciones indebidas.
- La «pena de banquillo» no necesita prueba de daño: El tribunal determinó que la prolongación injustificada de un proceso penal genera de forma automática un daño moral y psicológico ineludible (ansiedad, incertidumbre, desgaste familiar). Este tipo de daño es objetivo y no requiere que la víctima aporte pruebas físicas o facturas para ser indemnizado.
- Incompetencia sobre el derecho al honor por esta vía: La Sala concluyó que los daños mediáticos y las decisiones del juez instructor (como prorrogar el caso o investigar el patrimonio) no pueden indemnizarse como un «funcionamiento anormal». Si la demandante consideraba que esas decisiones eran erróneas o abusivas, la ley le obligaba a iniciar un procedimiento distinto llamado Error Judicial ante el Tribunal Supremo, algo que no hizo a tiempo.
⚖️ La Solución al Problema (¿Cómo se resolvió el caso?)
Para solucionar la reclamación y resarcir el daño moral de la afectada, el tribunal dictó el siguiente fallo resolutorio:
- Estimación parcial del recurso: La Audiencia Nacional anuló la desestimación por silencio administrativo que el Ministerio de Justicia había dado a la afectada, declarándola contraria a Derecho.
- Indemnización de 15.750 €: En lugar de los 73.275 € que solicitaba la defensa (petición que fue calificada de exagerada y de «desviación procesal» en el juicio), el tribunal fijó la compensación justa en 15.750 euros. Esta cantidad equivale a una indemnización tasada por los 3,5 años de retraso injustificado, calculada bajo los criterios objetivos y actualizados que aplica habitualmente la Sala.
- Sin intereses de demora iniciales: Al tratarse de una suma ya «actualizada» al valor económico del momento del fallo, la solución dicta que no se devengarán intereses de actualización de forma retroactiva, garantizando la reparación íntegra del daño.
- Sin condena en costas: Ninguna de las dos partes (ni la demandante ni el Estado) fue condenada a pagar las costas del juicio, al haberse estimado las pretensiones solo de manera parcial.


