Introducción y Contextualización
El Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG) emitió en febrero de 2025 una sentencia pionera (STSJ Galicia n.º 592/2025) que reconoce el derecho a la prestación por desempleo y una indemnización por daños y perjuicios a una empleada del hogar, a pesar de no haber cotizado previamente por esta contingencia. Este fallo marca un hito en la protección de un colectivo históricamente vulnerable, compuesto en un 95% por mujeres, y refleja la influencia del derecho comunitario en la interpretación de normas nacionales.
El marco legal aplicable incluye:
- Real Decreto-ley 16/2022: Desde octubre de 2022, equipara a las empleadas del hogar con otros trabajadores, permitiendo cotizar por desempleo.
- Sentencias del TJUE C-389/20 y C-113/22: Declararon discriminatoria la exclusión de este colectivo de la protección por desempleo.
- Ley General de la Seguridad Social (LGSS): El artículo 207 exige 360 días de cotización para acceder al paro, requisito que el TSXG consideró inaplicable por discriminación indirecta.
Desarrollo del Tema
a) Puntos clave del caso
La demandante trabajó 13 años en el servicio doméstico sin cotizar por desempleo, ya que la legislación anterior lo impedía. Tras su despido, el SEPE denegó su solicitud de prestación por incumplir el requisito de cotización. El TSXG, basándose en la jurisprudencia del TJUE, determinó que esta exclusión constituía discriminación indirecta por razón de género, al afectar mayoritariamente a mujeres.
La sentencia ordena:
- Reconocimiento retroactivo de la prestación por 720 días1.
- Indemnización de 1.800 euros por los perjuicios derivados de la demora1.
b) Criterios aplicables e impacto
El tribunal aplicó el principio de igualdad (artículo 14 CE) y la Directiva 2006/54/CE sobre igualdad de género, argumentando que la normativa española generaba una desventaja injustificada. Este fallo:
- Beneficia a miles de trabajadoras en situaciones similares, permitiéndoles reclamar prestaciones retroactivas.
- Obliga al SEPE y a la Seguridad Social a revisar casos anteriores a 2022, con posibles costes económicos significativos.
- Refuerza la protección frente a despidos, al vincular la indemnización a la vulnerabilidad del colectivo.
c) Problemas frecuentes y desafíos
- Retroactividad limitada: El Real Decreto-ley 16/2022 no cubre periodos anteriores a su entrada en vigor, lo que podría generar litigiosidad.
- Cotizaciones insuficientes: Muchas empleadas carecen de historiales completos, complicando el cálculo de prestaciones.
- Carga económica para empleadores: Aunque el decreto bonifica el 80% de las cotizaciones, familias y pequeños empleadores podrían enfrentar dificultades.
d) Jurisprudencia y normativa relacionada
- STJUE C-389/20 (2022): Declaró ilegal la exclusión de las empleadas del hogar de la protección por desempleo.
- Sentencia del Juzgado de Vigo (2023): Reconoció por primera vez el derecho al paro en un caso similar.
- Ley de Riesgos Laborales: Adaptada en 2022 para incluir a este colectivo.
Preguntas Frecuentes
1. ¿Cómo afecta esta sentencia a empleadas y empleadores?
- Empleadas: Podrán reclamar prestaciones retroactivas si fueron despedidas antes de 20221
- Empleadores: Deben asegurar cotizaciones desde octubre de 2022 para evitar sanciones.
2. ¿Qué pasos deben seguir las afectadas?
- Presentar reclamación administrativa ante el SEPE, adjuntando contratos y nóminas.
- En caso de denegación, interponer demanda judicial amparándose en la discriminación de género.
3. ¿Cómo evitar conflictos legales?
- Cotizar correctamente: Desde 2022, es obligatorio incluir desempleo en las cuotas.
- Documentar despidos: Justificar causas objetivas para evitar indemnizaciones adicionales.
Conclusión
La sentencia del TSXG subraya la necesidad de armonizar la legislación nacional con los estándares europeos en materia de igualdad. A corto plazo, generará un aumento de reclamaciones y costes para la administración. A largo plazo, impulsará una mayor profesionalización del sector y reducirá la brecha de género.
Enlaces oficiales:
Este fallo no solo restituye derechos básicos, sino que sienta un precedente para futuras reivindicaciones en sectores laborales precarizados