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En un contexto donde la transparencia fiscal es cada vez más relevante, la Unión Europea ha establecido un marco normativo claro para asegurar que los intermediarios, incluidos los asesores fiscales, informen sobre esquemas fiscales potencialmente abusivos. Este marco, sustentado principalmente en la Directiva (UE) 2018/822, conocida como DAC6, establece obligaciones específicas para aquellos que asesoran en materia fiscal y buscan incrementar la transparencia para combatir la elusión y evasión fiscal.

Según  el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha aclarado que los asesores fiscales tienen la obligación de comunicar a las autoridades pertinentes cualquier esquema que consideren potencialmente abusivo o que pueda implicar elusión fiscal.

La sentencia del TJUE subraya la necesidad de transparencia en las actividades fiscales y resalta que, aunque los asesores fiscales tienen el deber de confidencialidad con sus clientes, este deber no puede prevalecer sobre la obligación de informar sobre mecanismos que puedan ser utilizados para evadir impuestos.

La decisión del tribunal también establece que esta obligación de informar no viola el derecho a la privacidad ni el secreto profesional de los asesores, ya que está destinada a proteger los intereses públicos de los Estados miembros en la recaudación de impuestos y la lucha contra el fraude fiscal. 

 

1. Contexto y Objetivo de la Directiva DAC6

La Directiva DAC6 fue implementada en 2018 con el objetivo de reforzar la cooperación administrativa entre los Estados miembros de la Unión Europea en el ámbito fiscal. Esta directiva exige que todos los intermediarios, incluidos los asesores fiscales, abogados, bancos y otros consultores financieros, informen sobre cualquier esquema de planificación fiscal transfronteriza que pueda considerarse agresivo o que conlleve riesgos de elusión o evasión fiscal.

La normativa se aplica a aquellas transacciones que puedan tener un efecto en más de un Estado miembro, afectando su base imponible, o que involucre jurisdicciones fuera de la UE. Según la directiva, los intermediarios deben informar a las autoridades fiscales nacionales sobre dichos esquemas en un plazo de 30 días desde que estén disponibles para ser implementados. Para más detalles, puedes consultar el texto completo de la Directiva DAC6 aquí.

2. Exención para Abogados y la Decisión del TJUE

En diciembre de 2022, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) dictaminó que los abogados quedarían exentos de la obligación de informar debido a su deber de confidencialidad y secreto profesional, un principio fundamental del derecho europeo. Según el TJUE, exigir a los abogados que revelen información sobre estructuras fiscales podría vulnerar el derecho de defensa de los clientes. Este fallo, sin embargo, no se extiende a otros intermediarios como los asesores fiscales y financieros, que siguen obligados a informar sobre esquemas fiscales que consideren potencialmente abusivos. La sentencia completa del TJUE puede revisarse aquí.

 

3. Adaptaciones Nacionales: El Caso de España

Ante la decisión del TJUE, algunos países miembros, como España, han adaptado sus leyes nacionales para alinearse con la Directiva DAC6. El Ministerio de Hacienda español, por ejemplo, modificó el modelo de declaración para liberar a los abogados de la obligación de informar sobre estructuras fiscales opacas de sus clientes, respetando así la confidencialidad del cliente que es esencial en la profesión legal. Esta modificación del modelo de declaración fiscal se detalla en el artículo de El Economista aquí.

 

4. Sentencia Reciente del TJUE y Su Impacto

Una sentencia reciente del TJUE ha reafirmado que los asesores fiscales tienen la obligación de informar sobre cualquier esquema fiscal que pueda considerarse como potencialmente abusivo. El tribunal también aclaró que esta obligación no viola el derecho a la privacidad ni el secreto profesional de los asesores fiscales, a diferencia de lo que sucede con los abogados. El TJUE subrayó que esta normativa tiene como fin proteger los intereses públicos de los Estados miembros en la recaudación de impuestos y combatir el fraude fiscal. La sentencia concluye que el secreto profesional de los asesores fiscales no puede prevalecer sobre la obligación de reportar, lo que implica una vigilancia más estricta sobre estos profesionales en comparación con los abogados.

 

5. Implicaciones para los Asesores Fiscales y las Empresas

Esta decisión del TJUE y la implementación de la Directiva DAC6 tienen un impacto significativo en la práctica de los asesores fiscales y las empresas que operan en la Unión Europea. Los asesores fiscales deben ser especialmente cuidadosos al asesorar sobre esquemas financieros, asegurándose de que cumplen con las normativas vigentes para evitar sanciones. Además, las empresas deben ser conscientes de que sus estrategias de planificación fiscal estarán bajo un mayor escrutinio, especialmente aquellas que involucren transacciones transfronterizas.

 

6. Conclusión

La legislación europea, respaldada por sentencias del TJUE, establece un marco claro para promover la transparencia y combatir la elusión fiscal en toda la Unión Europea. Los asesores fiscales y otros intermediarios deben estar preparados para cumplir con las obligaciones de información establecidas por la Directiva DAC6, mientras que los abogados, protegidos por su deber de confidencialidad, están exentos en casos específicos. Este desarrollo jurídico subraya la importancia de mantenerse actualizado sobre los cambios legislativos y de interpretación judicial para actuar conforme a la ley y proteger tanto a los clientes como a la integridad de la práctica profesional.

En conclusión, para los profesionales de la asesoría fiscal, es crucial seguir de cerca los desarrollos legales y judiciales en torno a la Directiva DAC6 y asegurarse de estar en plena conformidad con las normativas de información para evitar sanciones y mantener la reputación profesional.

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