La Agencia Tributaria ha dado un giro significativo en su política de aceptación de garantías inmobiliarias para solicitudes de aplazamiento y fraccionamiento de deudas. Tras la sentencia de la Audiencia Nacional de marzo de 2025, Hacienda ha modificado su Instrucción de 2023 y permite nuevamente que los contribuyentes aporten tasaciones realizadas por peritos independientes, sin necesidad de recurrir obligatoriamente a empresas inscritas en el registro oficial de tasadores.
Esta rectificación supone un alivio para ciudadanos y empresas, que hasta ahora se enfrentaban a denegaciones automáticas y a un encarecimiento notable de los costes de tasación.
1. ¿Qué ha cambiado exactamente?
La Instrucción de marzo de 2023 imponía que, para aportar un inmueble como garantía en un aplazamiento o fraccionamiento, la tasación debía realizarse de forma obligatoria por una empresa o profesional inscrito en el registro oficial de tasadores.
La nueva Instrucción, aprobada el 7 de abril de 2026, establece que:
- La tasación por un tasador inscrito pasa a ser preferente, no obligatoria.
- Se permite acudir a peritos independientes, ampliando la oferta y reduciendo costes.
- No se aceptarán valoraciones realizadas por agentes de la propiedad inmobiliaria (API).
- La obligatoriedad de usar tasadores registrados solo se mantiene para suspensiones de ejecución de actos recurridos, no para aplazamientos o fraccionamientos.
2. ¿Por qué Hacienda ha dado marcha atrás?
La Audiencia Nacional concluyó que la instrucción de 2023 restringía injustificadamente el derecho de los contribuyentes a acreditar el valor de los bienes aportados en garantía.
El tribunal señaló que:
- La Administración no podía basarse en una resolución de 2005 —referida a suspensiones de ejecución— para imponer requisitos más estrictos en materia de aplazamientos.
- La obligación de acudir a tasadores registrados suponía una innovación normativa no amparada por la ley.
- La denegación automática por no aportar una tasación “oficial” vulneraba el principio de motivación de los actos administrativos.
3. Impacto para contribuyentes y empresas
Este cambio normativo tiene efectos directos y positivos:
✔ Reducción de costes
Al poder recurrir a peritos independientes, se amplía la oferta y se abaratan los honorarios de tasación.
✔ Fin de las denegaciones automáticas
La Administración deberá motivar cualquier rechazo, lo que refuerza las garantías jurídicas del contribuyente.
✔ Mayor flexibilidad en la gestión de deudas
Empresas y autónomos podrán aportar garantías inmobiliarias sin verse obligados a contratar tasadores oficiales, lo que agiliza trámites y reduce tiempos.
✔ Seguridad jurídica reforzada
La nueva instrucción se alinea con la jurisprudencia y evita conflictos futuros.
4. Requisitos que deben cumplir las tasaciones aceptadas por Hacienda
Aunque se flexibiliza quién puede realizar la tasación, Hacienda mantiene exigencias técnicas estrictas. El informe debe incluir:
- Identificación del solicitante y finalidad de la tasación.
- Localización y descripción detallada del inmueble.
- Análisis del mercado inmobiliario.
- Superficie, características constructivas y estado del bien.
- Metodología empleada y cálculos técnicos.
- Valor final justificado.
Esto garantiza que las valoraciones aportadas sean rigurosas y comparables a las realizadas por tasadores oficiales.
5. Contexto normativo y jurisprudencial
La rectificación se enmarca en un escenario donde:
- La Ley General Tributaria permite aportar garantías alternativas siempre que sean suficientes y valorables.
- La Administración debe respetar los principios de proporcionalidad y motivación.
- La Audiencia Nacional ha reforzado el criterio de que no pueden imponerse requisitos adicionales no previstos en la ley.
Además, asociaciones profesionales como AEDAF han jugado un papel clave en la defensa de los derechos de los contribuyentes.
6. ¿Qué deben hacer ahora empresas, autónomos y asesores?
Desde Aserem recomendamos:
1. Revisar solicitudes de aplazamiento en curso
Si fueron denegadas por no aportar tasación oficial, puede solicitarse revisión o presentar nueva solicitud.
2. Valorar la opción de peritos independientes
Especialmente útil para inmuebles de menor valor o cuando se busca reducir costes.
3. Asegurar que el informe cumple los requisitos técnicos
La forma es tan importante como el fondo: un informe incompleto puede ser rechazado.
4. Documentar adecuadamente la solvencia y la necesidad del aplazamiento
Una buena argumentación aumenta las probabilidades de aceptación.
Conclusión
La rectificación de Hacienda supone un avance importante en la protección de los derechos de los contribuyentes y en la racionalización de los procedimientos de aplazamiento y fraccionamiento de deudas. La posibilidad de recurrir a peritos independientes abarata costes, evita denegaciones automáticas y mejora la seguridad jurídica.
En Aserem seguimos de cerca estas novedades para ofrecer a nuestros clientes el asesoramiento más actualizado y eficaz en materia tributaria.
🔍 Datos ampliados sobre la sentencia de la Audiencia Nacional (17 de marzo de 2025) y la modificación de la Instrucción 1/2023
✅ 1. ¿Qué resolvió exactamente la Audiencia Nacional en marzo de 2025?
La Sentencia de la Audiencia Nacional de 17 de marzo de 2025 (recurso 35/2024) declaró nulo el requisito impuesto por la Instrucción 1/2023 que obligaba a que la tasación de inmuebles aportados como garantía para aplazamientos y fraccionamientos fuera realizada exclusivamente por empresas o profesionales inscritos en registros oficiales.
La Sala concluyó que:
- La instrucción restringía injustificadamente la capacidad del contribuyente para acreditar el valor del bien aportado en garantía.
- Convertía una preferencia normativa (tasadores inscritos) en una obligación absoluta, lo cual no está previsto en la ley.
- La Administración no podía ampararse en la Resolución de 21 de diciembre de 2005, porque esta se refiere a suspensiones de ejecución, no a aplazamientos o fraccionamientos.
La sentencia fue declarada firme el 28 de noviembre de 2025, obligando a la AEAT a modificar su instrucción.