El TSJ de Galicia confirma que la extinción respondió a un acuerdo entre empresa y trabajador y descarta la nulidad por discriminación por enfermedad.
¿Qué pruebas permitieron al TSJ de Galicia concluir que el despido disciplinario había sido pactado y descartar la nulidad?
El trabajador prestaba servicios desde junio de 2021, con categoría profesional de director de personas. Padecía una enfermedad que estaba siendo tratada desde 2022 y la empresa tenía conocimiento de ello. El 11 de diciembre de 2024 inició un nuevo proceso de incapacidad temporal y, al día siguiente, se hizo efectiva la extinción de su contrato mediante una carta de despido disciplinario.
La controversia se centró en la proximidad entre la baja médica, el despido, así como las circunstancias en las que se había producido la extinción de la relación laboral.
Según los hechos declarados probados, en la sentencia T.S.X.GALICIA 01965/2026 de fecha: 29/04/2026 Roj: STSJ GAL 2760/2026 -ECLI:ES:TSJGAL:2026:2760 el trabajador había manifestado previamente su deseo de abandonar la empresa. A partir de ahí, ambas partes iniciaron un proceso de negociación para acordar su salida y formalizarla mediante un despido disciplinario.
La sentencia de instancia consideró acreditada la participación activa del trabajador en dicha negociación:
- El 27 de noviembre de 2024, el trabajador y el consejero delegado de la empresa acordaron el contenido de la comunicación que se remitiría a la plantilla anunciando su salida, que se hizo efectiva el 29 de noviembre.
- Los días 9 y 10 de diciembre, el trabajador remitió correos electrónicos a distintas personas comunicando su próxima marcha de la empresa.
- Durante noviembre, contactó con el abogado externo de la compañía, al que describió su puesto de trabajo para preparar las alegaciones al expediente contradictorio y la carta de despido.
- Ambas partes intercambiaron correos electrónicos para concretar el contenido de la carta de despido y de la papeleta de conciliación ante el SMAC.
- El propio trabajador asesoró la conveniencia de acompañar la carta de despido a la papeleta de conciliación y de que acudieran al acto dos abogados distintos, en representación de cada parte.
- Los días 2 y 4 de diciembre mantuvo conversaciones por Teams con personal de la empresa para ultimar los detalles de la extinción y fijar como fecha de efectos el 12 de diciembre de 2024.
El trabajador presentó demanda solicitando la nulidad del despido por discriminación por razón de enfermedad, con readmisión, salarios de tramitación e indemnización adicional de 35.000 euros por vulneración de derechos fundamentales. Subsidiariamente, solicitaba su improcedencia. Además, reclamaba cantidades correspondientes a vacaciones no disfrutadas, días adicionales de descanso por cumplimiento de la jornada máxima anual y retribuciones variables de 2024 y del período 2022-2024.
El Juzgado de lo Social nº 3 de Lugo estimó parcialmente la demanda. Consideró que había existido un acuerdo entre ambas partes para poner fin a la relación laboral y que la carta de despido obedecía a una simulación también pactada por las partes. Desestimó las pretensiones de nulidad e improcedencia, así como la indemnización por vulneración de derechos fundamentales y condenó a la empresa al abono de 1.649,56 euros brutos, correspondientes a 739,43 euros por vacaciones devengadas y no disfrutadas y 910,13 euros por días adicionales de descanso, más el interés del 10 %.
El trabajador interpuso recurso de suplicación ante el Tribunal Superior de Justicia de Galicia, solicitando la revisión de los hechos probados y denunciando infracciones jurídicas.
En primer lugar, cuestionó que estuviera acreditado que había manifestado su voluntad de abandonar la empresa y que ambas partes hubieran acordado simular un despido disciplinario. También pretendía incorporar que había firmado como no conforme tanto la carta de despido como el finiquito.
La Sala rechazó esta revisión al considerar que la sentencia de instancia contiene una valoración detallada de la prueba practicada y que no se aprecia error en la fijación de los hechos. Añade que la firma como no conforme de la carta de despido y del finiquito no resulta incompatible con la negociación y el acuerdo extintivo acreditados.
En cuanto a las infracciones jurídicas, el recurrente sostuvo que la prueba documental no permitía acreditar la existencia de simulación o fraude, y que tampoco podía deducirse una baja voluntaria, que exige una manifestación de voluntad clara, consciente e inequívoca. Cuestionó el valor de las declaraciones testificales, al tratarse de personas que prestaban servicios habitualmente para la empresa y que su enfermedad había sido determinante en el conflicto. Negó que hubiera existido tanto una baja voluntaria como un despido simulado. Insistió, además, en que la carta de despido alegaba incumplimientos que no habían quedado acreditados y que, dada la enfermedad grave que padecía y el conocimiento empresarial de esta circunstancia, existían indicios de discriminación por razón de enfermedad, conforme a la Ley 15/2022.
La empresa, por su parte, defendió que la extinción había sido previamente acordada y que no existió actuación discriminatoria, la enfermedad preexistía desde 2022. Además, los correos electrónicos, reuniones por Teams y comunicación a la plantilla demostraban la existencia de un acuerdo.
El TSJ de Galicia desestima ambos motivos del recurso, la Sala concluye que la relación laboral finalizó por voluntad acordada de las partes y no examinó la alegación de discriminación. Para ello, toma en consideración seis elementos: la manifestación del trabajador de su deseo de abandonar la empresa, la comunicación interna de su salida, los correos anunciando su marcha, su participación en la elaboración de la documentación del despido, su asesoramiento sobre la conciliación ante el SMAC y las conversaciones mantenidas con personal de la compañía para concretar los términos y la fecha de extinción.
El TSJ de Galicia desestimó el recurso de suplicación nº 5597/2025 y confirmó la sentencia del Juzgado de lo Social nº 3 de Lugo autos nº 125/2025.
Fuente : Fraternidad


