En una decisión trascendental, el Tribunal Supremo respaldó la capacidad de las comunidades de vecinos para prohibir el alquiler turístico en sus edificios. La Sala de lo Civil emitió dos sentencias que ratifican la potestad de las comunidades, basándose en recursos presentados por comunidades en San Sebastián y Oviedo.
Introducción
El alquiler turístico ha sido objeto de controversia en España, y la reciente decisión del Tribunal Supremo arroja luz sobre las facultades de las comunidades de vecinos en este asunto.
Contexto Legal
Antes de profundizar en los casos específicos, es crucial comprender el contexto legal que rodea el alquiler turístico en el país y las disposiciones en los estatutos de las comunidades de vecinos.
El Caso de ‘La Jirafa’ en Oviedo
En ‘La Jirafa’, un imponente edificio de 20 plantas en Oviedo, la disputa entre propietarios de apartamentos turísticos y la comunidad alcanzó niveles judiciales. Los estatutos, que prohíben actividades económicas, llevaron el caso ante la Audiencia Provincial y, finalmente, al Tribunal Supremo.
Argumentos del Tribunal Supremo
El tribunal argumentó que el alquiler turístico constituye una actividad empresarial y comercial, alineándose con la prohibición estatutaria de actividades económicas en ‘La Jirafa’.
Consecuencias de la Decisión
La sentencia del Supremo tiene ramificaciones significativas, no solo para ‘La Jirafa’, sino para comunidades en todo el país. La coherencia de la prohibición con el espíritu de evitar actividades comerciales en viviendas se destaca.
Caso en San Sebastián
Análogamente, el tribunal abordó un caso en San Sebastián, respaldando la decisión de la comunidad de vetar el alquiler turístico.
Análisis General
Examinar la coherencia de la sentencia en ambos casos es esencial para comprender la postura del Tribunal Supremo. ¿Dónde reside el equilibrio entre los derechos de propiedad y las restricciones comunitarias?
Conclusiones
En conclusión, la decisión del Tribunal Supremo establece un precedente importante. La capacidad de las comunidades para prohibir el alquiler turístico es respaldada, marcando pautas para futuros casos similares.