En el ámbito fiscal, la determinación de los plazos para la derivación de responsabilidad solidaria en una deuda es un tema crítico. El Tribunal Supremo de España, en una reciente sentencia del 18 de julio, abordó este asunto y reprendió a la Agencia Tributaria por su manejo maximalista de los plazos de prescripción. Este artículo explora en detalle este fallo y su impacto en el ámbito tributario.
La controversia sobre los plazos de prescripción
La sentencia del Tribunal Supremo analiza un caso específico que involucra a una empresa que generó una deuda con Hacienda tras una operación de compraventa de un inmueble en febrero de 2011. La Agencia Tributaria notificó la derivación de responsabilidad solidaria en marzo de 2016 a una persona que fue socia de la compañía en ese momento. Sin embargo, esta persona alegó que la acción de derivación de responsabilidad había prescrito, argumento respaldado por el Tribunal Superior de Justicia de Valencia en su sentencia de junio de 2021.
El argumento de la prescripción
El Tribunal Supremo estableció jurisprudencia al determinar que el plazo de prescripción para exigir el pago de una deuda a un sujeto declarado responsable solidario comienza una vez que se hace dicha declaración, no cuando ocurrió el negocio evasor ni cuando se actuó contra el deudor principal. Esta interpretación evita una interpretación maximalista de los plazos de prescripción.
Actuaciones contra otro deudor
La Agencia Tributaria había argumentado que ciertas actuaciones interrumpieron el plazo de prescripción. No obstante, el Tribunal Supremo señaló que estas actuaciones no estaban dirigidas a la persona posteriormente declarada responsable solidaria de la deuda, y, por lo tanto, no interrumpían el plazo de prescripción según la ley.
La interpretación del plazo de prescripción
El Alto Tribunal dejó claro que el plazo de prescripción para exigir la obligación de pago a los responsables solidarios no puede ser interrumpido por actuaciones realizadas frente al deudor principal, a menos que estas actuaciones se dirijan a la persona que previamente haya sido declarada responsable solidaria.
La ley y su interpretación
Además, el Tribunal Supremo hizo hincapié en que la interpretación de la ley no puede ser maximalista. Específicamente, citó el artículo 68.8 de la Ley General Tributaria (LGT), que establece cómo se debe interpretar la interrupción del plazo de prescripción. La interpretación maximalista por parte de la Agencia Tributaria fue cuestionada por el Supremo, subrayando que la prescripción no debería estar a merced de la Administración tributaria.
Conclusiones
La sentencia del Tribunal Supremo en este caso aclara los plazos para derivar la responsabilidad solidaria de una deuda y establece una interpretación precisa de la prescripción en este contexto. Esto tiene implicaciones significativas para cómo se manejan estos casos en el ámbito fiscal en España.