La nueva reforma laboral

Nuevo contrato temporal

La norma establece que el contrato de trabajo ordinario será el indefinido y que solo habrá un contrato temporal con dos causas: de sustitución y productivas.

Así el nuevo contrato por circunstancias de la producción solo podrá concertarse por incrementos ocasionales imprevisibles de la producción u oscilaciones de la demanda (incluidas las vacaciones), por un tiempo máximo de seis meses, ampliables a doce por convenio colectivo sectorial.

Esta causa podrá emplearse en situaciones previsibles, como las campañas de Navidad, de rebajas o agrícolas, por un periodo máximo de 90 días al año no consecutivos.

Asimismo, se reduce de 24 a 18 meses en un periodo de 24 meses (frente a los 30 actuales) el plazo permitido para el encadenamiento de contratos temporales. Si esta fórmula se incumpliera, el trabajador pasará a adquirir la condición de indefinido.

Contratos formativos

También se refuerza la causalidad de los contratos formativos, creándose dos tipos:

  1. Formación en alternancia, que combinará trabajo y formación (dual), que solo se podrá hacer hasta los 30 años; e implicará que el contratado tenga un tutor y su duración deberá ser de entre tres meses y dos años de máximo.
  2. Y, en segundo lugar, el contrato para la adquisición de la práctica profesional. Este se adecuará al nivel de estudios realizados y se suscribirá dentro de los tres años (5 años con personas con discapacidad), por un periodo mínimo seis meses y un máximo de 12.

La opción del fijo-discontinuo

El acuerdo tripartito permitirá que buena parte de los contratos temporales, sobre todo los de obra o servicio vinculados a contratas y subcontratas pasen a ser fijos discontinuos.  Como contrato estable una indemnización por despido mayor a la del fin del contrato temporal.

Podrán ser fijos-discontinuos quienes realicen “trabajos de naturaleza estacional o vinculados a actividades productivas de temporada, para el desarrollo de aquellos que no tengan dicha naturaleza pero que, siendo de prestación intermitente, tengan periodos de ejecución ciertos, determinados o indeterminados”.

Y, finalmente, las empresas de trabajo temporal podrán hacer estos contratos de forma que el trabajador sea un empleado indefinido de la ETT pero sea cedido a distintas empresas.

Fijo para la construcción

El acuerdo de reforma laboral incluye la creación de un nuevo contrato indefinido para la construcción. Cuando la obra finalice, la empresa estará obligada a ofrecer una recolocación al empleado en otra obra e incluso a recualificarle si fuera necesario para el nuevo puesto. Pero este contrato se puede extinguir “por motivos inherentes a la persona” (que el trabajador rechace el nuevo empleo; que no sea adecuado para ningún puesto aun recualificándole o que no haya empleos para esa persona en otra obra de la misma provincia, entre otros).

Lanzamiento de Start-up Village Forum para impulsar la innovación rural en la Unión Europea

Conectará a los actores de la innovación rural de toda la Unión Europea e impulsará el desarrollo de ecosistemas de innovación en áreas rurales.

Entre los objetivos de Start-up Village Forum, se encuentran apoyar el desarrollo de los ecosistemas de innovación rural, identificar y analizar los factores desencadenantes de la innovación en las zonas rurales, conectar a los actores de la innovación rural en toda la UE, con especial atención a las empresas emergentes; y ayudar a comprender el concepto de Start-up village en relación con el concepto de smart village o pueblo inteligente.

Comprometiéndose con programas de la política de cohesión y desarrollo rural de la Unión Europea, que incluyen inversiones en instituciones académicas y de investigación, banda ancha, empresas de nueva creación innovadoras, digitalización o especialización inteligente.

¿Quieres solicitar las Ayudas en materia de Industrialización para inversiones de Pymes Industriales ?

OBJETO: Ayudas  en materia de Industrialización 2022 para los sectores del calzado, cerámico, metal-mecánico, textil, juguete, mármol, madera-mueble e iluminación, químico, automoción, plástico, envases y embalajes, productos infantiles, papel y artes gráficas, valorización de residuos y los sectores emergentes de la biotecnología, producción audiovisual y de videojuegos.

BENEFICIARIOS:

Podrán ser beneficiarias de estas ayudas las Pymes privadas que desarrollen o vayan a desarrollar en la Comunitat Valenciana una actividad industrial productiva vinculadas directa o indirectamente a los sectores industriales objeto de convocatoria.

AYUDA:

Subvención a fondo perdido del 35% de los costes subvencionables, no pudiendo superar la ayuda total de 200.000 €. Presupuesto mínimo del proyecto: 20.000€, salvo para los sectores de la biotecnología, la producción audiovisual y la producción de videojuegos, animación, realidad aumentada y virtual, que será de 10.000 euros.

PLAZO DE PRESENTACIÓN: Desde el 11 de enero hasta el 4 de marzo de 2022.

Contacta con nosotros y te la gestionamos. Almudena@aserem.es

 

Ayuda o Subvenciones a proyectos de digitalización de tu pyme

¿tienes una pyme industrial y quieres digitalizar tu empresa ? Te presentamos tu ayuda con único objetivo la implantación de nuevas tecnologías electrónicas, informáticas y de las comunicaciones.

BENEFICIARIOS:

Pymes con sede social o establecimiento de producción ubicado en la Comunitat Valenciana.

CARACTERÍSTICAS DE LA AYUDA: 

1. La  ayuda consistirá en una subvención calculada como un porcentaje sobre los costes subvencionables del proyecto, con una cuantía variable en función del tamaño de empresa:
– Pequeña empresa: hasta el 40%
– Mediana empresa: hasta el 30%
2. La cuantía de subvención no podrá superar el importe de 100.000 euros.
3. La ayuda está sujeta al régimen de minimis lo que supone que la ayuda total de minimis concedida a una única empresa no será superior a 200.000 euros durante cualquier periodo de tres ejercicios fiscales.

PLAZO DE PRESENTACIÓN:  de solicitudes se iniciará el día 12 de enero de 2022 y finalizará el 3 de marzo de 2022 a las 23:59:59 horas.

Agricultor ¿Quieres las subvenciones para la renovación de maquinaria agraria?

Debes modernizar  tu explotación agraria ,  con la inversión en tecnología e investigación, la mecanización de las labores inherentes a la producción primaria te ayudara al rendimiento de la explotación.

Dirigido  la renovación del parque de tractores,  máquinas automotrices y otras arrastradas y suspendidas, que deberán ser substituidas por máquinas y equipos con nuevas tecnologías que permitan unas técnicas agrícolas más respetuosas con el medio ambiente. También se incluyen los tractores eléctricos, para que puedan optar a subvención cuando empiecen a comercializarse en España.

Los beneficiarios deberán cumplir los siguientes requisitos adicionales: Estar al corriente de sus obligaciones tributarias y con la Seguridad Social

La cuantía de las subvenciones será la siguiente, en función del tipo de maquinaria.

Plazo de presentación 16 diciembre de 2021 hasta 31 de diciembre de 2023.

¿Quieres la ayudas al autoconsumo con fuentes de energía renovable fotovoltaica y/o eólica?

El objeto de la convocatoria de ayudas es incentivar y promover la realización de instalaciones de autoconsumo con fuentes de energía renovables fotovoltaica y/o eólica.

Cuantía de la ayuda/Procedimiento de cobro

Las ayudas que se establecen en la presente resolución tendrán la consideración de subvención a fondo perdido.
Las ayudas se otorgan como importes fijos unitarios o «módulos» que cubrirán los costes subvencionables.

El importe de la ayuda a otorgar será la suma de la Ayuda Base y la Ayuda Adicional aplicable, en su caso, sobre actuaciones adicionales a la instalación de autoconsumo, o vinculadas al reto demográfico.
Tanto la ayuda base como la ayuda adicional consistirán en un valor fijo por unidad de potencia, «módulo».

Plazo de presentación

El plazo de presentación de solicitudes a este programa de ayudas se iniciará el día 15 de diciembre y finalizará el 31 de diciembre de 2023.

Los gastos del teletrabajo

Real Decreto y más tarde de la Ley de trabajo a distancia, que una persona pude incurrir por razón del teletrabajo:

  • Gastos de suministros, tales como conexión a internet, gastos de luz o climatización generados durante el tiempo dedicado a la actividad profesional desde el domicilio.
  • Gastos en adquisición de material o herramientas de trabajo, incluyendo también silla ergonómica, mesa de escritorio, etc. Unos y otros deben ser compensados por la empresa.

Como principio, la empresa viene obligada a proporcionar a las personas que trabajan para ella todas las herramientas y medios que necesitan para el desarrollo de su actividad, lo que también es aplicable en situación de trabajo a distancia o teletrabajo.

No puede obligar, en ningún  caso, a la persona trabajadora a soportar ninguno de estos gastos. Debe recordarse, por otro lado,  que ninguna situación de trabajo a distancia o teletrabajo puede iniciarse sin que la persona trabajadora tenga a su disposición todos los medios necesarios para el correcto desempeño de su actividad, también desde el punto de vista de seguridad y salud en el trabajo.

En el acuerdo de teletrabajo, que debe celebrarse por escrito en caso de que los servicios se presten a distancia en más de un 30% de la jornada, uno de los elementos que debe regularse y recogerse es precisamente el relativo a estos gastos.

En concreto, la enumeración de los gastos que pudiera tener la persona trabajadora por el hecho de prestar servicios a distancia, así como forma de cuantificación de la compensación que obligatoriamente debe abonar la empresa y momento y forma para realizar la misma, que se corresponderá, de existir, con la previsión recogida en el convenio o acuerdo colectivo de aplicación.

Las cantidades establecidas por los escasos convenios que regulan este tema son muy diversas, desde 25 hasta 55 euros para personas que trabajen a distancia el 100% de la jornada.

Es lógico considerar que los gastos de teletrabajo no deben abonarse solo a las personas que hayan celebrado un acuerdo de teletrabajo con la empresa por realizar al menos el 30% de su jornada laboral mediante teletrabajo, sino también, y de forma proporcional a la jornada desarrollada a distancia, a cualquier otra persona que preste servicios en remoto, aunque sea en un porcentaje inferior a este 30%

Lo contrario puede suponer una discriminación entre las personas en función del porcentaje de teletrabajo. Por ello, parece que establecer una limitación máxima del 30% de porcentaje de jornada a desarrollar a distancia puede servir para no incurrir en la obligación de celebrar un acuerdo de teletrabajo, pero no evitará la compensación de los gastos derivados de la actividad profesional desarrollada a distancia.

Cotización de los gastos de teletrabajo

dichos gastos no se encuentran expresamente excluidos de la base de cotización a la Seguridad Social, de conformidad con el artículo 23.2 Real Decreto 2064/1995, de 22 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento general sobre Cotización y Liquidación de otros Derechos de la Seguridad Social. Para aclarar esta situación, nuestro despacho ha planteado cuestión escrita a la Seguridad Social.

Debe concluirse que cualquier gasto relacionado con el teletrabajo estará exento de cotización siempre y cuando atienda a un gasto real incurrido y compensado y se justifique el mismo mediante la correspondiente factura o recibo. Esto es aplicable también a la compensación de los gastos incurridos durante la situación de pandemia y a las cantidades fijadas a tanto alzado en algunos convenios destinadas a sufragar los costes de adquisición de las herramientas de trabajo.

La subrogación empresarial en la nueva Ley Concursal

Real Decreto Legislativo 1/2020, de 5 de mayo,  por el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley Concursal, entro en vigor el día 1 de septiembre de 2020.

Cuestión … alcance subjetivo de la responsabilidad laboral y de Seguridad Social del adquirente del conjunto de la empresa concursada, o de una de sus unidades productivas, cuando la adquisición suponga la existencia de una sucesión de empresa, y esta cuestión se plantea con motivo de una modificación introducida por la LC 2020.

El artículo 149.4 LC 2003 establecía que “Cuando, como consecuencia de la enajenación a que se refiere la regla 1.ª del apartado 1, una entidad económica mantenga su identidad, entendida como un conjunto de medios organizados a fin de llevar a cabo una actividad económica esencial o accesoria, se considerará, a todos los efectos laborales y de Seguridad Social, que existe sucesión de empresa. En tal caso, el juez podrá acordar que el adquirente no se subrogue en la parte de la cuantía de los salarios o indemnizaciones pendiente de pago anteriores a la enajenación que sea asumida por el Fondo de Garantía Salarial de conformidad con el artículo 33 del Estatuto de los Trabajadores.”.

El interrogante de si las deudas laborales y de Seguridad Social en las que el adquirente de la empresa concursada o de una de sus unidades productivas autónomas quedaba en principio subrogado por el instituto de la sucesión de empresa eran solo las contraídas respecto de los trabajadores en cuyos contratos de trabajo se subrogara el adquirente por estar en vigor en el momento de la transmisión, o también las contraídas respecto de los trabajadores en cuyos contratos de trabajo no se subrogara el adquirente por haberse extinguido antes de la transmisión.

El  Tribunal Supremo resolvió este interrogante en el segundo de los sentidos (véase por ejemplo la Sentencia de 27de febrero de 2018 y la que en ella se cita de 4 de octubre de 2003), concluyendo, por aplicación de lo dispuesto en el artículo 44.3 párrafo primero ET, que “en caso de sucesión empresarial no solo se produce la subrogación de la nueva en los derechos y obligaciones del anterior respecto de los trabajadores cedidos, sino que ha mantenido la responsabilidad solidaria de ambas empresas respecto de las deudas laborales que la empresa cedente tuviera pendientes de abonar.”

Sin embargo, el artículo 224.1.3º LC 2020 dispone actualmente que “La transmisión de una unidad productiva no llevará aparejada obligación de pago de los créditos no satisfechos por el concursado antes de la transmisión (…), salvo en los siguientes supuestos: 3º Cuando se produzca sucesión de empresa -solo- respecto de los créditos laborales y de seguridad social correspondientes a los trabajadores de esa unidad productiva en cuyos contratos quede subrogado el adquirente. El Juez del concurso podrá acordar respecto de estos créditos que el adquirente no se subrogue en la parte de la cuantía de los salarios o indemnizaciones pendientes de pago anteriores a la enajenación que sea asumida por el Fondo de Garantía Salarial de conformidad con el texto refundido de la Ley del Estatuto de los Trabajadores, aprobado por el Real Decreto Legislativo 2/2015, de 23 de octubre.”

La reciente Sentencia del Juzgado de lo Mercantil nº. 13 de Madrid de 20 de abril de 2021, en principio, parece entenderlo así cuando concluye que el 224.1.3 del TRLC limita los efectos laborales y de la seguridad social a los contratos de trabajo en los que se subroga el adquirente, convirtiéndose así en norma especial frente a la norma general del art 44 del ET.”

Sin embargo, a nuestro modo de ver, esta interpretación tropieza con el inconveniente de que no parece tener sentido que el citado precepto indique posteriormente que el Juez del concurso puede liberar al adquirente de subrogarse en la parte de las indemnizaciones pendientes de pago anteriores a la enajenación que sea asumida por el FOGASA, cuando previamente está establecido legalmente que está exonerado de ello, por tratarse de indemnizaciones adeudadas a trabajadores en cuyos contratos de trabajo no va a quedar subrogado, lo que apunta a un posible defecto de técnica-legislativa.

En espera de una solución, las empresas que pretendan adquirir el conjunto de una empresa concursada, o una de sus unidades productivas autónomas, en sus ofertas de adquisición, podrían adecuar la redacción del ámbito subjetivo de la subrogación, ajustándolo a los créditos laborales y de Seguridad Social correspondientes a los trabajadores en cuyos contratos vayan a quedar subrogadas y en la parte de los primeros no asumida legalmente por el FOGASA

Las pensiones de los Baby Boomers

  • La OCDE critica que España haya abandonado un ajuste automático del sistema de pensiones como era el factor de sostenibilidad para sustituirlo por el llamado mecanismo de equidad intergeneracional que ni siquiera equivale a los costos de indexar las pensiones a la inflación.
  • Explica que el mecanismo de equidad intergeneracional, que supone un aumento de las cotizaciones (de 0,6 puntos) durante un periodo de diez años para afrontar el aumento del gasto por la jubilación de las generaciones más numerosas del «baby boom», se estima que permitirá recaudar en todo ese tiempo un 2,3% del producto interior bruto (PIB).
  • El problema es que al mismo tiempo la Comisión Europea ha calculado que solo la indexación de las pensiones a la inflación, que sustituye en la nueva reforma al mecanismo de revalorización de Rajoy, supondrá un sobrecosto anual equivalente al 1,4% anual del PIB en 2030 y del 2,6% del PIB también anualmente desde 2050.
  • El responsable del estudio, Hervé Boulhol, pone el acento en que el mecanismo de equidad intergeneracional «da un poco de oxígeno a corto plazo, pero no está a la altura del problema de largo plazo» del sistema, y eso significa que «harán falta nuevas medidas».
  • «En el horizonte de 2040-2050 hay un problema de recursos» por el rápido envejecimiento de la población en España y eso requiere «medidas estructurales». El principal defecto es que ahora se está haciendo una propuesta «a medio plazo y no se dice lo que ocurrirá después».
  • También hay críticas para la reforma de Rajoy
  • España forma parte de una minoría de países en la OCDE (un tercio del total) que no disponen de un mecanismo automático de ajuste y que, según los autores del informe, «ponen a resguardo las pensiones de las incertidumbres y son menos erráticas, más transparentes y más equitativas entre generaciones que las modificaciones discrecionales».
  • «Los mecanismos de ajuste automático -subraya- presentan la ventaja de definir la dirección que deben tomar los regímenes, sabiendo que un cambio de orientación exigirá al menos explicaciones y pondrá en evidencia los compromisos».
  • Reconoce que el factor de sostenibilidad que se contemplaba en la reforma de 2013 (aunque nunca llegó a entrar en vigor) funcionaba como ajuste automático pero presentaba un doble problema.
  • El primero es que, como quedó patente en 2019 cuando el Ejecutivo de Pedro Sánchez decidió suspenderlo, se instauró sin el consenso que hubiera sido necesario para que un dispositivo de este tipo pudiera perdurar, ya que ni los sindicatos ni la izquierda (entonces en la oposición) dieron su visto bueno.
  • Además, califica de «cuestionable» el índice de revalorización de las pensiones que puso en marcha el Ejecutivo de Rajoy, y que se tradujo en una pérdida de poder adquisitivo en 2017 y 2018, ya que tenía un impacto sobre los jubilados cuando ya poco podían hacer para aumentar sus ingresos, por ejemplo trabajando más.
  • Pensiones más generosas que el resto de vecinos de la OCDE
  • El documento explica que los ingresos de los mayores de 65 años equivalen en torno al 96% de los ingresos medios del total de la población, lo que supone ocho puntos porcentuales más que en el conjunto de la OCDE. Además, en España esta ratio ha crecido en 11 puntos respecto al año 2000, lo que significa que los ingresos de los mayores han crecido a una mayor ratio que los de los demás.
  • La OCDE considera que este incremento se deben en gran parte a que el gasto en pensiones por jubilado ha crecido a un ritmo mucho mayor que el salario medio. En este sentido, aunque los cambios demográficos han registrado un decalaje con respecto al resto de países de la OCDE, el envejecimiento «se acelerará ahora a un ritmo muy rápido, poniendo una fuerte presión en la sostenibilidad financiera», ha alertado el organismo.
  • En su análisis comparado, la institución con sede en París considera que las condiciones para lograr una pensión completa de jubilación son «laxas» si se comparan internacionalmente. Mientras que en 2027, un trabajador se puede retirar a los 65 años con una pensión completa si ha cotizado 38,5 años, en Francia hacen falta 43 años cotizados, mientras que en Alemania son necesarios 45 años.