El Consejo de Ministros ha aprobado este martes la Ley de Empleo, que contempla la transformación del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) en la Agencia Española de Empleo, para mejorar su gestión y funcionamiento, sin cargo económico para el erario público.
La nueva Agencia Estatal de Empleo contará con «dos grandes unidades», una destinada a analizar los datos y otra unidad descentralizada de datos, que contara con big data e inteligencia artificial.
«Es una norma absolutamente transversal, que tiene una mirada europea del empleo, desde la concepción de nuestro país, para adecuarnos y homologarnos a los niveles de Europa y mejorar el concepto de empleabilidad, nunca acertado en nuestro país».
La nueva Ley aportara una vision mas global, no se dirigirá únicamente a los demandantes de empleo, sino también a trabajadores en activo que quieran mejorar su posición en las empresas y favorecer su vida laboral.
Ampliará los colectivos con una atención prioritaria, que incluirán a personas con capacidad intelectual límite, personas con trastornos del espectro autista, personas LGTBI, víctimas de la violencia de género, personas en exclusión social, personas mayores de 45 años, personas migrantes, personas beneficiarias y solicitantes de protección internacional, mujeres víctimas de violencia de género, personas gitanas o pertenecientes a otras minorías étnicas.
ACOMPAÑAMIENTO PERSONALIZADO
«Los acompañamos con con auditorias de viabilidad» se elaborará un perfil individualizado de la persona, con un expediente laboral personalizado único, atención continuada y un tutor que guiará el itinerario personalizado. El acceso a estos servicios podrá ser tanto presencial como telemático.
Las empresas tendrán un catálogo de servicios garantizados para gestionar las ofertas de empleo presentadas a los servicios públicos de empleo. Asimismo, podrán recibir información y asesoramiento sobre las ofertas en el ámbito de la Unión Europea a través de la Red EURES.
Un nuevo procedimiento de evaluación que medirá la empleabilidad, la intermediación, «que medirá la cualidad y el resultado final de la intermediación», y la cobertura, relativa al «nivel de protección social que tiene cada uno de los trabajadores».
